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2009-06-14T12:14:00.005-05:00

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Cien años de impunidad

TEPAMES, Col.- El asesinato de dos hermanos ocurrido en 1909 en este poblado, en cuyo proceso judicial se vio implicado el entonces gobernador, Enrique O. de la Madrid Brizuela, es ahora un asunto incómodo para uno de sus nietos, el expresidente Miguel de la Madrid Hurtado.
En su época, el crimen provocó un escándalo que derivó en el enjuiciamiento y condena del comandante de la policía del estado, Darío Pizano, como responsable material de los hechos.
Después de varios meses de encierro, el acusado declaró ante el juez que la orden de asesinar a las víctimas provino del mandatario estatal.
Frente a este testimonio que lo ubicó como presunto autor intelectual del doble homicidio, Enrique O. de la Madrid —el último gobernador porfirista de la entidad— tuvo que someterse a un interrogatorio judicial del que, pese a las imputaciones en su contra, salió bien librado en la sentencia.
Desde finales de los años ochentas, este caso ha sido estudiado y recuperado por el historiador Servando Ortoll, del Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Colima, pero el académico afirma que el tratamiento del asunto le ha acarreado censura en diferentes instituciones por motivos políticos.
El aviso inicial de que el tema no es bien visto en las altas esferas del poder lo recibió a finales de 1988, unas semanas antes de que concluyera el sexenio del presidente Miguel de la Madrid.
Ortoll terminó en ese tiempo la compilación de los volúmenes Colima, textos de su historia, que serían editados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, como parte de una serie dedicada a todos los estados del país.
Entre los documentos reunidos en el Tomo I, había un texto localizado por el historiador en la biblioteca Nettie Lee Benson, de la Universidad de Texas, titulado Reminiscencias de un crimen, publicado en 1911 por el abogado José Mendoza López y Schwerdtfeger, donde —con base en las declaraciones judiciales del comandante Darío Pizano— se concluía que De la Madrid Brizuela estaba involucrado en el asesinato.
En entrevista con Proceso, Servando Ortoll cuenta que a última hora, cuando ya estaba el material en la imprenta, por órdenes de la SEP ese documento fue excluido del volumen compilado, pues de lo contrario el presidente no firmaría el prólogo ni se publicarían los libros.
Por la urgencia de imprimir los textos antes del final del sexenio, una funcionaria del Instituto José María Luis Mora planteó a Ortoll dos opciones para subsanar de inmediato el hueco que dejaría en el Tomo I el documento rechazado: "Publicarlo sin las páginas consecutivas, para que pareciera un error de imprenta, o rellenar el espacio con fotografías alusivas a aspectos de Colima".
El historiador se inclinó por esto último, pero —dice ahora— "como ocurre con las falsificaciones, no hay censura perfecta", porque "debido a las prisas, no tuvieron el cuidado de borrar del libro todas las evidencias de que el documento había sido programado para ser incluido en ese volumen".
Fue así como en la introducción del capítulo II, denominado "De la Independencia a la Revolución", se anuncia el crimen de Tepames como uno de los temas que se abordan en el libro: "Casi todo lo escrito (en este capítulo) se refiere exclusivamente a la capital y, con pocas excepciones, a otros sitios importantes, como el caso de Tepames, asociado con el famoso crimen".
Y enseguida aparece esta reflexión: "...el que ciertos lugares —como Tepames— sean reconocidos tan sólo por un hecho de sangre, ha ocasionado que a los historiadores se les olvide que aquellos tuvieron un antes y un después a esos acontecimientos. Estos problemas surgen más de los silencios que de los escritos que aquí se transcriben, pero no por ello dejan un hueco importante en la historia política del estado".
Dos años después de este episodio, en 1990, con base en varios documentos y testimonios localizados en archivos oficiales —incluidos el expediente del juicio a los acusados del homicidio y la Colección Porfirio Díaz, que se encuentra en los Acervos Históricos de la Universidad Iberoamericana—, Ortoll reconstruyó los hechos de Tepames en un contexto amplio, de donde resultó el libro titulado La vendetta de San Miguel, para el que hasta la fecha no ha encontrado editor.
Servando Ortoll, doctor en sociología histórica por la Universidad de Columbia, en Nueva York, es autor de Noticias de un puerto viejo: Manzanillo y sus visitantes y Por tierras de cocos y palmeras, entre otras obras.

El doble homicidio

La muerte de Bartolo y Marciano Suárez Orozco, labradores del pueblo de San Miguel de la Unión (hoy Tepames), ocurrió el 15 de marzo de 1909, a manos de un grupo de gendarmes encabezado por el comandante Darío Pizano.
Según la versión oficial, los agentes realizaron un operativo para detener a los dos hermanos, quienes habían sido acusados de violación y daños en propiedad ajena, pero "opusieron resistencia" a su aprehensión.
Pero de acuerdo con los testimonios de quienes presenciaron el crimen, Bartolo y Marciano Suárez fueron acribillados a sangre fría en el interior de su domicilio.
En su libro inédito, del que proporcionó copia a este reportero, Servando Ortoll refiere que en un principio el homicidio fue prácticamente ignorado por la prensa de Colima de esa época, pero en las semanas siguientes un grupo de periodistas de Guadalajara, de tendencia antirreeleccionista, abanderó el caso y lo convirtió en asunto de dimensión nacional.
"Cuente con nosotros, señora; cuente con nosotros y confíe en que sabremos obtener cumplida venganza para Marciano y para Bartolo. Se hará justicia; se lo juramos a usted", dijeron a Donaciana Orozco —madre de las víctimas— los directores de El Kaskabel, El Correo Francés, El Combate y El Globo, según una de las versiones reproducidas por Ortoll en su libro.
Y así, motivados por los "desaires" y el "despotismo" del gobernador Enrique O. de la Madrid frente a las demandas de justicia, los periodistas jaliscienses gestionaron a la mujer una entrevista con el presidente Porfirio Díaz, quien la atendió durante media hora y al final le otorgó una carta para el mandatario estatal, a quien le pidió escuchar a la señora Suárez y, en su caso, "castigar severamente y pronto a los que delinquieron".
En respuesta a la carta, De la Madrid Brizuela solicitó a Díaz su ayuda "designando á una persona de toda su confianza que yo haría nombrar Juez de lo Criminal desde luego á fin de que continuara conociendo del proceso y lo fallara practicando cuantas diligencias creyere convenientes, y cuyo fallo absolutorio ó condenatorio pudiese ser considerado del todo como imparcial y justo al menos por usted á quien más que nadie deseo satisfacer, pues lo que quiero (...) es que Ud. no pueda llegar á abrigar duda alguna sobre mi conducta y lealtad al cumplir sus recomendaciones de hacer observar justamente la ley”.
Inicialmente, Porfirio Díaz se resistió a enviar un juez para responsabilizarse del caso, según se desprende de fragmentos de cartas reproducidas por Ortoll en su libro.
El presidente indicó al gobernador que podía estar tranquilo, pues "yo sé bien que Ud. procederá en lo que le competa con la mayor rectitud"; le dijo que no creía necesario mandarle una persona que se encargara del juicio, "pues se creería que el gob. o yo personalmente dudábamos de la justificación y honorabilidad de Ud." y le recomendó "vigilar que los tribunales procedan con entera sugeción á las leyes en favor de la vindicta pública".
Sin embargo, ante la insistencia del propio gobernador De la Madrid y de los sectores de oposición, Díaz designó finalmente al abogado Eduardo Xicoy, quien llegó a Colima el 13 de junio de 1909 y dos días después tomó el asunto en sus manos.
En los dos meses que duró su encargo, Xicoy —quien siempre mantuvo estrecha comunicación con Porfirio Díaz y le enviaba copias de las diligencias judiciales— se dedicó a hurgar la hipótesis de la culpabilidad del comandante Darío Pizano, y de pronto la dinámica del proceso lo condujo hacia personajes encumbrados de la política.
El día del operativo en que murieron los Suárez, el comandante Darío Pizano y sus subalternos iban acompañados por los hermanos Mauricio y José Anguiano, vecinos y enemigos de los caídos, quienes también habrían efectuado disparos.
Las declaraciones de los testigos, entre ellos el cura de Tepames, un albañil y la madre de las víctimas, refieren que Marciano fue baleado mientras dormía en el pasillo de su casa, en tanto que Bartolo, después de que fue herido en el pecho corrió hacia el curato de la iglesia —a unos metros de su domicilio— en busca del sacerdote para confesarse, y frente a éste fue rematado por Pizano y sus acompañantes.
Conforme a las averiguaciones del juez Xicoy, el jefe policiaco y sus hombres “no llevaban —el día de los hechos— ninguna orden por escrito extendida por autoridad competente, para poder llevar a cabo la aprehensión de los aludidos hermanos Suárez; por lo tanto iban a verificar ésta cometiendo un verdadero acto ilegal”.
En una de sus primeras declaraciones judiciales, Pizano afirmó que el operativo se realizó a partir de las órdenes verbales del prefecto político, Carlos Meillón, y el gobernador, Enrique O. de la Madrid, quienes le recomendaron llevar consigo a Mauricio y José Anguiano para que lo auxiliaran en la aprehensión.
Hasta ese momento el comandante detenido no había responsabilizado abiertamente a los altos funcionarios de ordenar el crimen, pero con la información anterior el juez ya planeaba citar a declarar al prefecto político para interrogarlo y realizar el careo respectivo.
Ante esto, apunta Ortoll en La vendetta de San Miguel, el gobernador De la Madrid “urdió una estrategia” de descrédito contra el juez, a través de cartas enviadas a Porfirio Díaz, en las que trató de “desprestigiar al magistrado, de presentarlo como un desquiciado al borde de la desesperación y la renuncia” y lo acusó de cometer arbitrariedades contra los reos. Este panorama se complementó con la violación de la correspondencia entre Xicoy y el presidente.
En una carta fechada el 4 de agosto de 1909, el juez explicó a Porfirio Díaz que anteriormente le había solicitado una fuerza de veinte hombres “debido á que las autoridades de esta localidad me han interpuesto toda clase de dificultades para seguir el curso de la averiguación”.
La solución que encontró Díaz fue llamar a Xicoy a que se reintegrara a su puesto de agente del Ministerio Público en el Distrito Federal. En su lugar, fue designado Francisco Ruiz como juez del caso Tepames.

“Órdenes del gobernador”

Al paso de los meses y con el riesgo latente de una sentencia a muerte pendiendo sobre sí, Darío Pizano se vio abandonado por sus superiores y sus declaraciones evolucionaron a tal grado que tocaron directamente al gobernador, a quien además responsabilizó de haberle ordenado otras muertes.
En la diligencia realizada en 17 de diciembre de 1909, el juez Ruiz preguntó a Darío Pizano si la orden que decía haber recibido del gobernador del estado “de matar á Marciano y á Bartolo Suárez, aún después de que hubieran sido capturados, aplicándose lo que vulgarmente se conoce con el nombre de ley fuga, era una orden legal y moral, que el deponente no hubiera tenido reparo alguno en cumplir”.
El exjefe policíaco respondió “que juzga dicha orden legal, porque procedía de la primera autoridad del estado y de un hombre ilustrado, y en ese supuesto no tuvo inconveniente alguno en recibir dicha orden y sin duda que llegado el caso (que por fortuna no se presentó) la habría acatado cumpliéndola al pié de la letra; que cuando salió el emitente [de Colima] rumbo a San Miguel de la Unión, llevaba firme propósito de cumplir la orden que le había dado el señor gobernador de matar á los Suárez, aunque abrigaba la esperanza de que si llegaba á aprehenderlos algunas personas de su familia tratarían de acompañarlos hasta esta ciudad, evitando con su presencia que se les aplicara la ley fuga y proporcionándole al deponente una magnífica disculpa para no cumplir la orden que había recibido”.
En una carta enviada a Porfirio Díaz, la esposa de Darío Pizano señaló:
“El Señor Gobernador mandava al prinsipio, de la pricion de mi esposo, recados, diciendole que no se apurara que el lo sacaría de la carcel pero que no fuera a decir la verdad, y que gozaria de su sueldo. Y cuando Dario dijo la verdad, se disgustó mucho y dijo que ya no le alludaba”.
Con elementos de este tipo, el juez Francisco Ruiz interrogó por escrito al gobernador Enrique O. de la Madrid el 4 de enero de 1910. Entre otras preguntas, figuraban las siguientes:
“Si es cierto que usted ordenó al comandante de policía Darío Pizano, que lograda que fuera la aprehensión de Bartolo y Marciano Suárez, en el camino para esta ciudad y en un lugar solitario donde no pudieran ser vistos, los fusilara”, “si es verdad que usted manifestó a Darío Pizano, cuando la prensa atacaba duramente al gobierno con motivo de la muerte de los Suárez, que era necesario que él y los gendarmes que fueron á hacer la aprehensión de los mencionados Suárez, se sacrificaran para salvar al Gobierno y que por ese motivo era necesario que fueran procesados y quedaran detenidos; pero que no tuvieran cuidado porque el proceso sería solo un simulacro y pronto quedarían todos en libertad” y “si es cierto que usted con frecuencia le ordenaba a Darío Pizano que matara á algunos individuos que se juzgaban perniciosos”.
Un día después, el mandatario respondió a través de un oficio:
“Ni le di órdenes algunas [a Pizano] sobre la forma de la aprehensión, ni propiamente orden directamente de verificar ésta […] mucho menos ordené que se fucilara a los Suárez, pues ni estaba en mis facultades, ni para cometer tal arbitrariedad habia motivo racional alguno pues ni conocia á éstos […] nunca se trató más que de la aprehensión en cumplimiento de las ordenes de la autoridad judicial, por cuyo motivo tal afirmación es del todo absurda”.
Negó también haber dicho a Pizano que el proceso sería “un simulacro”, sino que al principio, cuando el comandante le informó que habían matado a los Suárez “en propia defensa y por absoluta necesidad para vencer la resistencia que tenazmente hicieron hasta el último momento”, el gobernador le dijo que “si resultaban justificadas tales circunstancias, creía yo que el proceso concluiría pronto y no le perjudicaría, puesto que había cumplido con su deber”.
Respecto del señalamiento de que en el pasado había dado órdenes a Pizano de matar a otras personas, manifestó De la Madrid:
“No es cierto […] que en ocasión alguna, hubiera dado al Señor Pizano órdenes de matar á nadie pues en general núnca le daba ordenes sobre el servicio directamente, sino al Señor Prefecto, como es natural”.
Cuando el exjefe policíaco conoció desde la prisión las respuestas del mandatario, sostuvo ante el juez:
“Tan es cierto que el Señor Gobernador le dió orden de que aprehendidos que fueran los Suárez los fusilara en el camino, que ahora recuerda que el mismo Señor Gobernador le recomendó que al fusilar á los Suárez les dieran todos los balazos por detrás, para que fuera creible que los habían matado al pretender huir”.
En su sentencia, el juez Francisco Ruiz no creyó las declaraciones de Pizano y exoneró de responsabilidad al gobernador y al prefecto político. Por lo tanto, resolvió:
“Por los delitos acumulados de homicidio perpetrado en las personas de Marciano y Bartolo Suárez, con las calificativas de premeditación y ventaja, abuso de autoridad y allanamiento de morada, se condena al reo Dario Pizano á sufrir la pena capital”.
Sin embargo, el juez de segunda instancia, Miguel Mendoza López y Schwerdtfeger, rebajó la condena de Pizano a 18 años de prisión. Y la posible implicación del gobernador De la Madrid ya no se tocó.

“Encubridor”

En las conclusiones de su libro, Servando Ortoll estima que el mandatario, en todo caso, es “responsable de encubrir al autor intelectual (o culpables) y de obstaculizar el desenvolvimiento de la justicia”.
En consecuencia, el autor de La vendetta de San Miguel duda que el gobernador haya sido responsable directo de la muerte de los Suárez, porque “no obstante las acusaciones en su contra, nadie pudo aportar pruebas fehacientes. Pizano, es cierto, lo señaló de haberle dado órdenes de asesinar a los Suárez. Pero ¿habrá salido de él la idea de hacerlo? No lo creo”.
Y en el epílogo, el historiador lanza una hipótesis en la que sugiere que el responsable intelectual del asesinato pudo haber sido Juan S. Solórzano, un personaje que nunca apareció en el juicio, allegado al jefe del Ejecutivo, cuyas tierras colindaban con las de las víctimas.
“De todos los posibles autores intelectuales —dice Ortoll—, en Solórzano he podido descubrir razones para enviar a los esbirros del Estado en busca de los Suárez, de quienes sabía (o imaginaba), no podía comprar las tierras.
“Si estamos de acuerdo en que Solórzano, amigo cercano de De la Madrid, fue quien decidió el asesinato de los Suárez, entonces podemos entender la labor encubridora y de obstáculo que desató el gobernador. No quería que se supiera quién fue el verdadero autor intelectual”.
Desde que escribió este libro, Servando Ortoll ha buscado, sin éxito, su publicación a través de varias instancias. Ese interés lo llevó incluso a entrevistarse en tres ocasiones con el expresidente Miguel de la Madrid Hurtado.
En 1990, cuenta, participó con esta obra en el Primer (y único hasta ahora) Concurso Nacional de Historia Regional, convocado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), que contemplaba la publicación de los diez trabajos finalistas y premios en efectivo para los tres primeros lugares.
“Un miembro del jurado me informó que el libro había sido finalista y me felicitó porque iba a ser publicado y, por separado, otro de los integrantes del comité organizador me confirmó esa versión, pero añadió que una persona del jurado se opuso a su publicación, con el argumento de que su contenido tenía implicaciones políticas”.
Posteriormente, el investigador propuso a la Universidad de Colima editar el libro, pero el entonces rector, Fernando Moreno Peña —quien después sería gobernador del estado—, “dijo que era un tema bastante cargado de cuestiones políticas y comentó que la única persona que podía publicarlo era el titular del Fondo de Cultura Económica (FCE) —el propio Miguel de la Madrid—, por lo que me sugirió hablar directamente con él, lo que consideré que tenía bastante sentido”.
El fallecido cineasta Alberto Isaac, quien se había mostrado interesado por realizar una película basada en el libro, tampoco obtuvo apoyo de la institución educativa. “Tenía grandes planes —dice Ortoll—, su idea era proponerle a Vicente Leñero la elaboración del guión”.
En la primera entrevista con De la Madrid Hurtado, que se realizó en la oficina del funcionario en el FCE, “más que hablar, escuché la versión de su familia sobre ese caso, que me parece interesante y no está reñida con la mía”, dice el historiador.
“Según el expresidente, su abuelo mandó al jefe de la policía a apresar a unos forajidos, ladrones de ganado, y éste, por quedar bien, los asesinó, pero que no fueron órdenes del entonces gobernador. Mi libro no choca con esa versión, pero por distintas razones”.
Además, “me dijo algo interesante: que la experiencia de su abuelo lo había llevado a decidir que cuando en su sexenio hubiera manifestaciones de protesta, los policías no se presentaran armados”.
Al final de la entrevista, dice Ortoll, De la Madrid se comprometió a darle una respuesta sobre la posible publicación del libro bajo el sello editorial del FCE. “Meses después de que le entregué el original, me enteré por casualidad, aunque no me consta, que el expresidente envió a algunos ayudantes de investigación a buscar los documentos en que yo baso mi trabajo, al archivo de Porfirio Díaz”.
El investigador narra que tuvo dos encuentros posteriores con Miguel de la Madrid. Uno de ellos se produjo en una de sus visitas a la Universidad de Colima, por mediación del rector Fernando Moreno.
“Me dijo que le parecía bien el libro, pero que algunos aspectos no le gustaban, aunque no especificó cuáles. En otra ocasión lo abordé en la Universidad de Guadalajara y me dio una respuesta general, nada concreto, aunque me dio a entender que todavía estaba siendo considerada su publicación. Después hablé con otro funcionario del Fondo de Cultura Económica y me reveló que el libro no se encontraba en lista alguna, ni había sido contemplado nunca para ser publicado”.
Actualmente existen posibilidades de que una editorial privada de Guadalajara edite la obra, pero Ortoll considera que no está resuelto el problema en torno al libro.
“Sigo pensando que hay un problema político de fondo muy fuerte. Evidentemente quiero que se publique, pero no estoy buscando hacerlo para molestar al expresidente. Si se publica, que sea porque se valora su calidad y aportación histórica, al margen de cuestiones políticas.
“Estoy todavía esperando la respuesta de Miguel de la Madrid, aunque creo que ya nunca va a llegar. Me gustaría saber algo de él. Es muy complicado, porque no puedo decirle: ‘oiga, si lo publico ¿qué me va a pasar?’, pero me interesa saber cuál es su opinión, qué es lo que no le gusta”.
Por lo pronto, Servando Ortoll publicó una versión condensada del libro, en cinco entregas, en el semanario local Claridades.
En cierta ocasión, Alberto Isaac le sugirió que incluyera en el libro algunas escenas eróticas y lo publicara en forma de novela.
“Desde entonces —puntualiza el académico— pienso que para decir la verdad en América Latina, hay que hacerlo a través de la literatura”.

Este texto se publicó originalmente en marzo de 2000. Al cumplirse en 2009 un siglo del doble homicidio de Tepames, el historiador Servando Ortoll —quien actualmente se desempeña como investigador de la Universidad Autónoma de Baja California— encontró editores para su libro: el Archivo Histórico del Municipio de Colima y la editorial Tierra de Letras, que publicarán próximamente de manera conjunta la obra.

Libro EL DEDO EN LA HERIDA

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